Australia planea endurecer las políticas sobre el tabaquismo y los cigarrillos electrónicos.
Según un informe de The Guardian, Australia planea endurecer las políticas sobre cigarrillos electrónicos y fumar.
Aunque Australia ha estado a la vanguardia de las políticas antitabaco durante muchos años, como pionera del empaquetado neutro, el ministro de Salud Federal, Mark Butler, ha dicho que el gobierno anterior estaba "dormido" mientras la popularidad de los cigarrillos electrónicos se disparaba.
El uso de cigarrillos electrónicos en Australia se duplicó entre 2016 y 2019. Según una reciente encuesta poblacional realizada por el gobierno estatal, casi un tercio de la población de 16 a 24 años en Nueva Gales del Sur había probado cigarrillos electrónicos el año pasado, lo cual es más alto que el 15% reportado hace tres años.
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En Australia, es ilegal vender, suministrar o poseer cigarrillos electrónicos o cualquier líquido que contenga nicotina sin una receta médica. Sin embargo, los proveedores han estado evadiendo este problema al eliminar la palabra "nicotina" de la lista de ingredientes, incluso si sus productos contienen nicotina.
Según el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur, en los últimos 18 meses han confiscado más de 157,000 cigarrillos electrónicos que contienen nicotina en redadas.
El gobierno planea endurecer aún más las políticas sobre los cigarrillos combustibles. Además de otras medidas, se exigirá a los fabricantes de cigarrillos que impriman advertencias sanitarias en cada cigarrillo, como "fumar mata", y produzcan cigarrillos de colores menos atractivos. Cada paquete de cigarrillos deberá tener una página adicional de promoción de la salud, y se actualizarán las regulaciones publicitarias para incluir los productos de cigarrillos electrónicos. El gobierno también espera prohibir los cigarrillos con sabores, incluyendo las variedades de mentol.
La medida propuesta tiene como objetivo ayudar a Australia a reducir sus tasas de consumo de tabaco a menos del 10% para 2025 y a un 5% o menos para 2030.
Las consultas públicas sobre la reforma se abrirán el 16 de enero.
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