Puntos clave:
Acusación de Monopolio: Se acusa a Smoore de fabricar el 80% de los dispositivos de e-cigarrillos de aceite de marihuana de sistema cerrado en los Estados Unidos y obligar a los distribuidores a cumplir con precios mínimos y prohibir la venta de productos competidores. Comportamiento Anticompetitivo: La demanda alega que Smoore conspiró con distribuidores durante diez años, compartiendo datos de precios, dividiendo el mercado y recaudando $500,000 en depósitos de seguridad para evitar violaciones. Base Legal: Los demandantes buscan compensación bajo la Ley Antimonopolio Sherman, la Ley Antimonopolio Clayton y las leyes de 31 estados por los altos precios que los consumidores han enfrentado debido a prácticas monopolísticas. Estado del Caso: Smoore aún no ha respondido y el caso está registrado bajo el número de expediente 2:25-cv-02259 en el Tribunal Federal de Arizona. Según un informe de Law 360 del 2 de julio, la marca china de e-cigarrillos de marihuana CCELL y varios de sus distribuidores estadounidenses son acusados de participar en manipulación de precios anticompetitiva para adquirir dominio en el mercado. Esta demanda colectiva es la segunda de este año en hacer acusaciones similares.
Según una demanda presentada el 28 de junio en un tribunal federal de Arizona, Shenzhen Smoore Technology Co. Ltd. y Smoore International Holdings Ltd. idearon un plan para establecer una dominancia en el mercado al requerir a los distribuidores que aceptaran precios mínimos y prohibirles vender productos competidores.
La denuncia alega que "Smoore es el monopolista en el mercado estadounidense para la producción de dispositivos de cigarrillos electrónicos de aceite de cannabis de circuito cerrado, fabricando hasta el 80% de los productos en Estados Unidos y vendiéndolos directamente a productores de cannabis y distribuidores mayoristas, incluido el distribuidor demandado.
Según la demanda, Smoore es tanto un proveedor de los distribuidores demandados mencionados en la demanda, como un competidor, incluido el mayor distribuidor de productos CCELL en Estados Unidos, Jupiter Research LLC. A pesar de que estos distribuidores ayudaron a Smoore a establecer un monopolio, la demanda indica que se vieron obligados a hacerlo para seguir teniendo acceso a estos populares productos.
La dominante cuota de mercado de Smoore ha puesto a los distribuidores en una posición en la que deben elegir entre participar en el plan anticompetitivo de Smoore o enfrentar las consecuencias de no poder hacer negocios con Smoore. Esto implicaría el riesgo de perder una fuente de suministro crucial, que representa hasta el 80% de la cuota de mercado en el mercado de sistemas de vaporización de aceite de cannabis de circuito cerrado en los Estados Unidos.
Esta demanda colectiva busca daños bajo la Ley Sherman Antitrust y la Ley Clayton Antitrust, así como bajo las leyes antimonopolio y de protección al consumidor de 31 estados y regiones en los Estados Unidos.
Las reclamaciones en esta demanda son similares a una demanda presentada en un tribunal federal en California, pero la demanda anterior fue presentada por un minorista de marihuana con sede en Arizona, que buscaba compensación como empresa perjudicada por prácticas monopolísticas. La demanda actual se basa en parte en la teoría de que los consumidores que tuvieron que pagar precios más altos debido a estas prácticas monopolísticas están buscando compensación.
La denuncia afirma que este patrón de fijación de precios horizontales, división de mercado y acuerdos exclusivos comenzó hace casi una década.
Según la denuncia, los minoristas alegan que Smoore y sus distribuidores conspiraron para no competir por los clientes de los demás, así como no cobrarles a los clientes tarifas más bajas que el precio acordado por los productos CCELL. Los distribuidores acusados incluyen a Jupiter, CB Solutions LLC (más conocida como Canna Brand Solutions) y Greenlane Holdings Inc., todos los cuales son demandados en la demanda de California.
La demanda alega que Smoore exigía a los distribuidores compartir datos confidenciales de precios e información de clientes entre ellos de forma mensual. Todos los distribuidores debían evitar competir entre sí. Cada distribuidor también debía pagar un depósito de $500,000. Si Smoore encontraba que alguien violaba los términos del acuerdo ilegal, deduciría fondos del depósito del infractor.
El 25 de junio, los representantes de la empresa en cuestión no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario. La información del abogado de la empresa en cuestión aún no se ha revelado.
Este caso de acción colectiva está siendo representado por Cristina Pérez Hesano de Perez Law Group PLLC.
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