
Según el sitio web de noticias Panamá América, el 15 de mayo la Corte Suprema (CSJ) dictaminó que la Ley 315 del 30 de junio de 2022, que prohíbe el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores de tabaco y otros dispositivos similares que contengan o no nicotina, es inconstitucional.
De acuerdo con la sentencia, la mencionada ley violó el Artículo 170 de la Constitución, que establece que si el poder ejecutivo en su totalidad se opone a un proyecto de ley, este será devuelto a la Asamblea Nacional para un tercer debate. Si solo una parte del poder ejecutivo se opone, regresará a la segunda posición, con el único propósito de presentar los puntos de vista en conflicto.
Esta disposición también estipula que si la Asamblea Nacional revisa alguna opinión en contra y el proyecto recibe la aprobación de dos tercios de los representantes, el departamento ejecutivo lo aprobará y promulgará sin la posibilidad de nuevas opiniones en contra. Si el proyecto no recibe la aprobación del número requerido de representantes, será rechazado.
Cuando inició una demanda legal, la Asociación para la Reducción de los Peligros del Tabaco en Panamá (ARDTP) declaró que la legislación no recibió el número de votos requerido de parte de los representantes tal como lo establece la constitución política de la República de Panamá.
También criticó la adición de disposiciones más allá de lo que propuso el Presidente Laurentino Cortizo en el mencionado proyecto de ley, lo cual tuvo un impacto significativo y cambió el significado del contenido propuesto por el CEO.
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